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Dólares del colchón: buscan limitar beneficios y crecen las trabas para el plan de Caputo
El Gobierno aún no envió el proyecto para captar los "dólares del colchón" a través de la Ley de Inocencia Fiscal, mientras que dos proyectos en el Congreso buscan limitar sus beneficios tras la polémica adhesión de funcionarios al Régimen Simplificado de Ganancias.
- Demora en presentación de proyecto de "dólares del colchón"
- Proyectos buscan limitar beneficios de Ley de Inocencia Fiscal
- Polémica por adhesión de funcionarios al Régimen Simplificado de Ganancias
- Debate sobre "tapón fiscal" y exclusión de funcionarios del RSG
El ministro de Economía, Luis Caputo, todavía no ha presentado en el Congreso el proyecto de ley que busca incentivar la repatriación de los llamados "dólares del colchón" mediante modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa, que busca brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, se ha visto demorada y enfrenta obstáculos políticos.
La demora se intensifica ante la controversia generada por la adhesión de funcionarios del actual gobierno al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, se inscribieron en este régimen, lo que ha desatado críticas y la presentación de dos proyectos legislativos para acotar sus beneficios.
El primer proyecto, impulsado por la senadora Juliana Di Tullio, apunta a eliminar el "tapón fiscal", un blindaje jurídico que impide al Estado revisar períodos fiscales pasados si se paga una declaración jurada precargada. El texto argumenta que este mecanismo es una "afrenta al principio republicano de igualdad ante la ley" cuando es utilizado por funcionarios investigados.
El segundo proyecto, presentado por el diputado Esteban Paulón, propone excluir a funcionarios públicos y sus familiares directos de la posibilidad de adherirse al RSG. Esta medida abarcaría a aquellos que hayan ocupado cargos públicos en los últimos diez años, incluyendo a altos funcionarios, legisladores y magistrados.
La adhesión de Adorni y otros funcionarios coincidió con la difusión de listas que revelan la inscripción de varios miembros del gobierno de Javier Milei en el RSG, a pesar de que la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada a fines de 2025, no excluía explícitamente a las Personas Políticamente Expuestas (PEP). La situación ha generado un "baldazo de agua fría" para el Ministerio de Economía, que esperaba avanzar con cambios para brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, como la eliminación de parámetros de ingresos y patrimonio y la flexibilización de discrepancias.
La demora en la presentación del proyecto de "dólares del colchón" y las trabas legislativas generan incertidumbre para inversores y contribuyentes que esperaban repatriar capitales. La controversia política en torno a la adhesión de funcionarios al Régimen Simplificado de Ganancias podría endurecer las condiciones del blanqueo o postergar su implementación, afectando la liquidez y la confianza en el mercado financiero argentino. Es crucial seguir de cerca la evolución de estos proyectos en el Congreso y las definiciones del Ministerio de Economía.
