Gobierno resignó casi US$ 6.000 millones por no ajustar Impuesto a Combustibles desde diciembre

El Estado nacional ha dejado de percibir aproximadamente 6.000 millones de dólares desde diciembre de 2023 debido a la no actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Carbono, tal como lo estipula la ley 23.966. Esta política de diferimiento de ajustes, iniciada por el gobierno anterior y continuada por la administración actual, suma una pérdida fiscal total que, desde 2021, supera los 11.000 millones de dólares.

La decisión de no ajustar estos tributos de forma trimestral según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) busca contener el alza de los precios en surtidor y mitigar el impacto inflacionario. Sin embargo, esta estrategia ha generado un considerable sacrificio fiscal. Según estimaciones, la recaudación resignada desde 2024 supera el presupuesto anual para programas sociales y es casi un 50% mayor que los recursos asignados a salarios.

La actualización pendiente de estos impuestos, si se aplicara de una vez, implicaría un aumento de aproximadamente el 11% en el precio de la nafta súper. Para el gasoil, el incremento sería menor. El gobierno planea continuar con este ajuste de manera gradual, anticipando que la recaudación de estos tributos será uno de los ingresos que más crecerán en el Presupuesto 2027, con un aumento proyectado del 59% en un año.

La práctica de diferir los incrementos, según algunos economistas, podría contravenir el Artículo 99 de la Constitución Nacional. No obstante, la postergación de la suba de impuestos a los combustibles se presenta como una de las pocas herramientas disponibles para influir en el precio de un insumo crítico para la economía argentina, especialmente para sectores como el transporte y la logística que tienen un peso significativo en la región de Rosario y su área de influencia.