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Gobierno simplifica importación de pilas y baterías: adiós a trámites y certificaciones duplicadas
El Gobierno eliminó trámites previos y flexibilizó la importación de pilas y baterías primarias, reconociendo certificaciones extranjeras y digitalizando procedimientos para reducir costos y demoras.
- Simplificación de trámites para importación de pilas y baterías.
- Reconocimiento de certificaciones técnicas extranjeras.
- Uso de declaraciones juradas y controles posteriores.
- Digitalización de todos los procedimientos vía TAD.
El gobierno de Javier Milei ha implementado una significativa reforma en el régimen técnico para la comercialización e importación de pilas y baterías primarias, con el objetivo de desburocratizar el sector. La nueva normativa, oficializada mediante la Resolución Conjunta 1/2026, elimina trámites previos, digitaliza procedimientos y reconoce certificaciones emitidas por organismos técnicos extranjeros. Esta medida responde a la demanda de fabricantes e importadores ante la complejidad y el costo del régimen anterior, que exigía certificaciones locales incluso para productos ya validados internacionalmente.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la iniciativa, señalando que busca eliminar trabas burocráticas que encarecían bienes de uso cotidiano como relojes, juguetes y controles remotos. "Si una pila ya acreditó su conformidad ante organismos técnicos reconocidos internacionalmente, Argentina reconoce esa acreditación sin obligar a repetir todo el procedimiento desde cero", afirmó Sturzenegger. La importación y comercialización ya no requerirán autorizaciones previas, sino que se basarán en una declaración jurada de conformidad acompañada de informes de ensayo o certificaciones internacionales.
Este nuevo esquema reemplaza los procedimientos anteriores por un sistema de declaraciones juradas y controles posteriores, tanto documentales como físicos, permitiendo una fiscalización más eficiente. La normativa mantiene las exigencias respecto a los límites máximos de mercurio, cadmio y plomo, en línea con la protección de la salud pública y el ambiente. Los productos que incumplan estos parámetros serán considerados residuos peligrosos.
La reforma deroga las Resoluciones 443/2020 y 31/2023, aunque preserva la vigencia de los certificados existentes hasta su vencimiento. Se establece un período de transición para que los actores del sector adapten sus procesos, garantizando una implementación ordenada y el abastecimiento del mercado. Todos los trámites se realizarán de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), reforzando la política de modernización administrativa del gobierno.
Esta medida tiene un impacto directo en la reducción de costos para importadores y fabricantes de productos electrónicos de consumo masivo, lo que podría traducirse en precios más accesibles para el consumidor final en Argentina. Los inversores en el sector de la electrónica y las empresas que dependen de la importación de estos componentes deberían monitorear la efectividad de la implementación del nuevo régimen y la agilidad de los controles posteriores para evaluar oportunidades de negocio y potenciales mejoras en la cadena de suministro.
