Justicia ordena a municipio bonaerense informar recaudación y uso de tasas rurales

La justicia ha dictaminado a favor de las entidades agrarias en el partido bonaerense de Rojas, ordenando al municipio que brinde información detallada sobre la recaudación y el destino de los fondos provenientes de las tasas que pagan los productores rurales. La medida judicial, impulsada por la Sociedad Rural, Federación Agraria y Coninagro, busca esclarecer cuánto dinero se recauda por concepto de tasas de conservación vial, seguridad e higiene, y control de marcas y señales, y cómo estos recursos son efectivamente aplicados al mantenimiento de la extensa red de caminos rurales del distrito, que asciende a unos 1200 kilómetros.

El reclamo judicial surge ante la falta de respuesta por parte de la administración municipal a pedidos de información previos. Las entidades agrarias argumentan que el estado de los caminos rurales es deficiente y que los fondos recaudados no se corresponden con los servicios prestados. Se destaca un antecedente de la ordenanza 2649 de 2002, que destinaba el 85% de los fondos de la tasa vial a los caminos y permitía la participación de los productores en su administración, periodo durante el cual, según testimonios, los caminos se encontraban en óptimas condiciones. La derogación de dicha ordenanza y la posterior incorporación de estos fondos a Rentas Generales es vista como el origen del problema.

Los productores han realizado cálculos comparativos, estimando que el costo de tres intervenciones anuales en los 1200 kilómetros de caminos rurales ascendería a aproximadamente $1000 millones, mientras que la recaudación actual del municipio por estas tasas ronda los $2300 millones. Esta disparidad genera fuertes cuestionamientos sobre la gestión de los recursos. Adicionalmente, se cuestiona la complejidad y opacidad del cálculo de la tasa vial, calificado por los productores como un sistema con "componentes complicadísimos" y un "álgebra rarísima".

Este fallo representa un hito, ya que es la primera vez que las tres principales entidades agrarias de Rojas actúan de forma conjunta en una acción judicial contra el municipio. La resolución del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Junín otorga un plazo de 45 días al municipio para presentar la información solicitada. La falta de transparencia en la gestión de recursos públicos, especialmente aquellos que impactan directamente en la productividad del sector agropecuario, es una preocupación recurrente en diversas regiones del país.

Para la región de Rosario y la provincia de Santa Fe, donde el sector agropecuario es un pilar fundamental de la economía, este caso sienta un importante precedente. La demanda por mayor transparencia en el uso de tasas y contribuciones rurales podría replicarse en otros distritos si se confirman irregularidades similares. Los inversores y productores agropecuarios estarán atentos a la evolución de este caso y a las posibles implicaciones para la previsibilidad y eficiencia en la inversión en infraestructura rural.