Pullaro: "Santa Fe persigue el delito, encarcela a los delincuentes y les subasta los bienes"
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó la política pública de subastar bienes incautados al delito, considerándola el único camino para vivir en paz y debilitar a las organizaciones criminales. Esta iniciativa ya ha recaudado más de 3.589 millones de pesos en subastas anteriores.

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Resumen Inteligente
Puntos Clave
- Recaudación total de 3.589 millones de pesos en subastas previas.
- Política pública de desapoderamiento de bienes al delito en Santa Fe.
- Quinta subasta de bienes incautados, con 5.411 participantes.
- Fortalecimiento del plan de seguridad integral y lucha contra el crimen organizado.
- Recursos obtenidos se destinan a víctimas, instituciones y funcionamiento de Aprad.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, lideró la quinta y más grande subasta de bienes incautados al delito, que atrajo a 5.411 personas de todo el país y puso a la venta 150 lotes, incluyendo un avión y vehículos. Pullaro enfatizó que esta iniciativa es una política pública determinada para perseguir el crimen, encarcelar a los delincuentes y quitarles sus activos, con el fin de que esos recursos regresen a las víctimas y a las instituciones, consolidando el camino hacia la paz y el orden en la provincia.
Las autoridades provinciales y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, destacaron que Santa Fe es la única provincia que implementa esta herramienta como parte de un plan de seguridad integral. En las cuatro subastas anteriores, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes (Aprad) recaudó más de 3.589 millones de pesos, recursos que han permitido reparar a víctimas, asistir a más de 60 instituciones y sostener el funcionamiento del organismo, demostrando la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado.
Esta noticia es relevante para inversores y empresarios argentinos porque demuestra el compromiso del gobierno santafesino con el estado de derecho y el combate al crimen organizado. Una mayor seguridad jurídica y la reducción de la criminalidad pueden mejorar el clima de negocios y la confianza para la inversión en la provincia, impactando positivamente en la economía regional.

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