Ley de tierras: el debate se centra en el uso, no en la nacionalidad del propietario

El Gobierno ha retirado el capítulo III del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero la discusión sobre la tenencia extranjera de tierras rurales persiste. El debate actual se centra en elevar el límite del 15% al 25% de la tierra rural en manos extranjeras, un enfoque que, según el análisis, es equivocado en su premisa. La ley vigente y el proyecto postergado se centran en la nacionalidad del titular y en magnitudes de tenencia, sin considerar lo que el propietario hace con la tierra. Un extranjero que invierte en producción y genera empleo recibe el mismo trato que uno que especula con la apreciación del valor, mientras que un argentino que degrada el suelo o agota recursos queda fuera de la discusión.

El proyecto gubernamental, si bien modifica topes y elimina cupos por nacionalidad, no aborda la cuestión fundamental del uso del suelo. La ley actual ya contiene la distinción conceptual entre tierra como recurso natural y como inversión, reconociendo que su valor se genera en gran medida por factores externos al propietario. La verdadera pregunta, por lo tanto, no debería ser cuánta tierra puede poseer un extranjero, sino qué prácticas debe seguir o respetar cualquier titular, independientemente de su origen.

Los conflictos reales sobre el territorio, como la gestión del agua, la preservación de bosques, el acceso a cuerpos de agua públicos o el impacto en pequeños productores y el empleo, no varían según la nacionalidad del dueño. Se propone un cambio de enfoque hacia la evaluación de las prácticas específicas: el consumo de agua en proyectos mineros, la procedencia de la madera en explotaciones forestales, la rotación de cultivos y el uso de agroquímicos en agricultura extensiva, la medición de extracciones hídricas, y el respeto al ambiente en la alta cordillera. Estas son las preguntas pertinentes que deberían guiar la regulación, y cuya respuesta es independiente del pasaporte del propietario.