Llaryora se planta ante el Gobierno por el cierre de pymes y cuestiona a Caputo por el anuncio del impuesto a los sellos sin consulta

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresó su fuerte desacuerdo con la gestión económica del Gobierno nacional durante un evento de la Unión Industrial Argentina (UIA), minutos después de la exposición del ministro de Economía, Luis Caputo. Llaryora advirtió sobre la crítica situación que atraviesan numerosas pymes y cuestionó la forma en que se anunció la intención de eliminar el impuesto a los sellos, calificándola como una medida improvisada y sin consulta previa a los mandatarios provinciales.

El mandatario cordobés ejemplificó la problemática con casos como las empresas Metalfor y Pauny, destacando que estas compañías, bien gestionadas y líderes en sus sectores, enfrentan dificultades significativas. Llaryora insistió en que el Gobierno no puede ignorar el cierre de 33 mil pymes y la consecuente pérdida de 300 mil puestos de trabajo, argumentando que gobernar implica tener una visión integral y no solo enfocarse en el desarrollo de nuevos sectores a costa de la desaparición de otros.

La molestia de Llaryora se intensificó al referirse al anuncio de Caputo sobre la baja del impuesto a los sellos. "La inteligencia es desarrollar nuevos motores para que no se apaguen otros. Ahora desarrollar nuevos motores para apagar el otro no es inteligente", afirmó. Exigió que, si se propone una reforma fiscal, esta debe ser seria y consensuada, sugiriendo que se eliminen también otros impuestos no coparticipables si se busca una reducción impositiva general.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acompañó las declaraciones de Llaryora, afirmando que podía hacer suyas sus palabras. Pullaro añadió que las provincias están dispuestas a discutir el sistema tributario federal, pero enfatizó la necesidad de abordar primero los impuestos que gravan fuertemente al campo y a la industria. El anuncio de Caputo, que busca eliminar el impuesto a los sellos, un tributo provincial que recauda entre $4 billones y $5 billones anuales (0.4%-0.5% del PBI), generó así un frente de resistencia entre gobernadores.