Rechazo a extranjeros en la ley de Tierras frena potencial agroindustrial argentino

El reciente retiro del proyecto gubernamental para reformar la ley de Tierras, que impone restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, representa un retroceso significativo para el desarrollo agroindustrial de Argentina. La ley actual, que limita la propiedad extranjera al 15% del territorio nacional, ha sido criticada por confundir soberanía con productividad y propiedad privada, subestimando la capacidad del capital nacional para invertir en vastas extensiones de tierra, particularmente en zonas áridas y semiáridas como la Patagonia, Cuyo, el NOA y el oeste arenoso. La transformación de estas áreas en productivas requiere inversiones sustanciales en riego, recuperación de suelos y tecnología, capitales que el sector privado argentino por sí solo podría no estar en condiciones de aportar en la escala necesaria.

Los argumentos esgrimidos contra la reforma, como el caso de una empresa forestal chilena con más de 200.000 hectáreas en Misiones, omiten el atraso de Argentina en el sector forestal en comparación con Uruguay, Brasil y Chile, países que superan ampliamente en volúmenes de exportación, producción y superficie de bosques cultivados. La historia reciente, como el caso de Botnia hace dos décadas, demuestra que las campañas de rechazo a inversiones extranjeras pueden resultar en la pérdida de oportunidades de empleo para los argentinos, ya que los puestos de trabajo terminan siendo ocupados por ciudadanos de los países de origen de las inversiones. Además, la ley de tierras, impuesta hace 15 años por el kirchnerismo, argumentaba falsamente que el 20% del territorio estaba en manos extranjeras, cuando la realidad posterior demostró que el promedio nacional de propietarios extranjeros no superaba el 5%.

La restricción a la inversión extranjera en tierras rurales también tiene un impacto económico directo. Se ha observado que, desde la implantación de regulaciones similares y el cepo cambiario, el precio de la hectárea en la Pampa Húmeda ha experimentado una fuerte caída. Esta devaluación de activos, sumada al aumento de la presión impositiva vía Derechos de Exportación (DEX) durante el mismo período, ha erosionado el sistema productivo. Curiosamente, uno de los principales opositores a la reforma es el senador Martín Lousteau, quien fue autor de la Resolución 125. Este rechazo ignora el contexto internacional, donde regulaciones ambientales y de inocuidad alimentaria en la Unión Europea (UE) están llevando a empresas europeas a buscar puntos de radicación en Argentina para exportar al bloque, aprovechando normativas locales menos extremas que las del "Pacto Verde" europeo. Un ejemplo es la inversión de US$14 millones del grupo español Vall Companys en el Grupo Pacuca argentino.

Finalmente, la oposición a la inversión extranjera en tierras rurales omite que empresas argentinas también invierten en el exterior. La familia Buratovich, por ejemplo, adquirió recientemente unas 147.000 hectáreas ganaderas en Australia por US$44 millones, sin que esto generara controversia en dicho país. Australia, al igual que otras economías desarrolladas, comprende que la libertad de comercio y el respeto a la propiedad privada son pilares del desarrollo. Las restricciones innecesarias, más allá de la protección de zonas de frontera o la participación estratégica del Estado, solo conducen a un "capitalismo de amigos" y negocios regulados, limitando el potencial de crecimiento del país.