San Juan busca maximizar rédito minero sin violar la Constitución Nacional

San Juan se encuentra ante una oportunidad histórica impulsada por la creciente demanda mundial de cobre y la consolidación de proyectos mineros de gran escala. La provincia busca capitalizar este escenario para fomentar el empleo local, el desarrollo territorial, el fortalecimiento de proveedores y la generación de valor agregado. Sin embargo, un proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero en tratamiento legislativo plantea interrogantes constitucionales respecto a los medios para alcanzar estos fines.

La Constitución Nacional otorga a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales, permitiéndoles regular la actividad minera. No obstante, este dominio no implica una soberanía económica absoluta. El marco federal argentino prohíbe las aduanas interiores y garantiza la libertad de trabajar, comerciar y la igualdad ante la ley, además de reservar al Congreso Nacional la regulación del comercio interjurisdiccional. Por lo tanto, las provincias no pueden crear ventajas competitivas territoriales ni dificultar el acceso al mercado para empresas de otras jurisdicciones.

La Corte Suprema de Justicia ha sido consistente en declarar inconstitucionales normativas provinciales que favorecen a actores locales o perjudican a operadores de otras provincias, al considerar que fragmentan el mercado nacional. La doctrina judicial impide que las provincias obliguen indirectamente a las empresas a radicarse localmente para competir en igualdad de condiciones, criterio que es crucial al analizar normativas que vinculan beneficios económicos o acceso al mercado con requisitos de residencia o localización territorial.

La iniciativa sanjuanina propone metas ambiciosas: un 80% de contratación de trabajadores locales y un 60% de participación de proveedores locales en las adquisiciones. Si bien la promoción de la competitividad local mediante capacitación o financiamiento es legítima, imponer estas metas como obligaciones sujetas a control y sanción genera una tensión constitucional. Esto podría afectar la libertad de contratación, la igualdad de acceso al empleo y la libre circulación de trabajadores dentro del territorio argentino, transformando las preferencias territoriales en condiciones obligatorias que limitan la libre competencia.