Contadores especulan con prórroga del Impuesto a las Ganancias por demoras legislativas

La lentitud en el tratamiento legislativo de los proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo ha puesto en alerta a los contadores argentinos, quienes anticipan una posible prórroga en el vencimiento de la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias para personas. La fecha límite actual para cumplir con esta obligación es el 27 de agosto, restando solo dos semanas hábiles para su cumplimiento y sin que el Congreso haya iniciado formalmente el debate sobre las modificaciones a la ley original. El proyecto en cuestión, promovido por el ministro Luis Caputo, busca introducir cambios en la norma de "Inocencia Fiscal" para otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, especialmente en relación con la no investigación de períodos fiscales anteriores.

La preocupación radica en que, sin la modificación de la ley, continúan vigentes las condiciones previas, que implican la imposibilidad de realizar correcciones si el fisco detecta diferencias significativas en los movimientos declarados. Esto podría significar la pérdida del "tapón fiscal" y la consecuente posibilidad de ser investigado por períodos anteriores. La modificación propuesta establece que las diferencias deben superar el 15% o un monto mínimo de $5 millones para que se pierdan los beneficios, permitiendo además la rectificación y el pago de multas sin perder las ventajas fiscales.

Profesionales del sector, como Ana María Kaiser y Carlos Quian, han expresado públicamente la dificultad de cumplir con los plazos legislativos. Se estima que para que el proyecto sea aprobado, promulgado y reglamentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) antes del 27 de agosto, se requeriría un proceso legislativo extremadamente acelerado, que parece casi imposible de concretar. La presentación de la declaración bajo las condiciones actuales expone a los contribuyentes a un mayor escrutinio fiscal ante diferencias mínimas.

Esta situación genera incertidumbre para los contribuyentes, particularmente aquellos que ya realizaron el pago del saldo anual del tributo el pasado 27 de julio, confiando en los beneficios de la ley simplificada. La falta de claridad y la posibilidad de una prórroga podrían afectar la planificación financiera de individuos y empresas en todo el país, incluyendo la región de Rosario, donde la actividad económica depende en gran medida de la previsibilidad fiscal.