Proyecto de ley busca regular el lobby y la gestión de intereses en Argentina

El Poder Ejecutivo Nacional ha enviado al Congreso un proyecto de ley que propone la creación de un Régimen de Gestión de Intereses. El objetivo principal de esta iniciativa es instaurar un marco de publicidad, transparencia y trazabilidad para las gestiones que buscan influir en los procesos de formación y toma de decisiones dentro del ámbito del Poder Ejecutivo y Legislativo nacionales. La propuesta define la gestión de intereses como cualquier actividad destinada a promover, representar, asesorar o incidir en la adopción, modificación o implementación de decisiones públicas, ya sea por personas humanas o jurídicas, con o sin fines de lucro.

El proyecto abarca una amplia gama de actividades, incluyendo las relacionadas con la elaboración de leyes, actos administrativos, políticas públicas, procedimientos de contratación, concesiones, permisos, licencias, asignación de partidas presupuestarias, subsidios y beneficios fiscales. Se establecen exclusiones para comunicaciones de carácter protocolar, actividades académicas o periodísticas que no busquen influir en decisiones específicas, y el ejercicio individual del derecho de peticionar.

Una de las novedades centrales es la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, de acceso público y gratuito, que será gestionado por la autoridad de aplicación del Poder Ejecutivo. La inscripción en este registro será obligatoria para poder realizar actividades de gestión de intereses, buscando así identificar a los actores y sus intenciones. Adicionalmente, se crearán Registros Públicos de Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo y Legislativo para asentar los contactos mantenidos por los sujetos obligados, quienes deberán registrarse dentro de los cinco días hábiles de realizados.

La iniciativa también contempla un tratamiento específico para la gestión de intereses extranjeros, exigiendo la declaración de tal carácter al inscribirse y en cada contacto. Se imponen reglas de incompatibilidad e inhabilitación para ex funcionarios públicos, quienes no podrán actuar como gestores de intereses ante los organismos donde se desempeñaron o intervinieron durante un período determinado. Finalmente, se prevé un régimen sancionatorio para quienes incumplan las disposiciones del proyecto.

Este proyecto de ley, si bien no contiene cifras económicas directas, tiene un potencial impacto significativo en la forma en que se toman las decisiones económicas y políticas en Argentina. Para Rosario y la región, acostumbradas a una activa participación de sectores productivos y empresariales en la definición de políticas, la nueva normativa podría implicar una mayor formalización y transparencia en estos procesos. Antecedentes de falta de transparencia en la asignación de recursos o en la aprobación de normativas podrían ser abordados, aunque la efectividad dependerá de la rigurosidad de su implementación y control. La futura aprobación y reglamentación de esta ley será clave para observar cómo impacta en la dinámica de los negocios y la inversión en el país.